Cuando la libertad de expresión se posterga

Redacción MGL/ ZL

Entre amenazas, secuestros y asesinatos sortean sus días los comunicadores mexicanos en el ejercicio de un periodismo crítico, que no solo requiere pasión sino de un profundo compromiso social para hacer frente al complejo y riesgoso contexto al que están expuestos.

Lamentablemente esta situación es de larga data y parece intensificarse. Según la Organización Article 19, en el país azteca han sido asesinados 131 periodistas desde el año 2000 a la fecha (10 periodistas en lo que va de 2019), alarmante cifra que no ha pasado desapercibida y que ha generado diversas reacciones nacionales e internacionales, incluyendo la de la Organización de las Naciones Unidas que, a través de la Oficina de su Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ha condenado los crímenes.

Extraído de https://elpais.com/internacional/2017/04/03/mexico/1491172798_855826.html

Diagnóstico ONU

Justamente ha sido la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas la que ha confeccionado un informe sobre esta situación, exponiendo la importancia del mecanismo derivado de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas (2012) para transparentar esta problemática y resguardar, en la medida de lo posible, la vida e integridad de los comunicadores, así con los principios de libertad de expresión y de información, esenciales para la democracia.

A través de 410 páginas, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas realiza un diagnóstico del mecanismo y precisa las profundas dolencias que enfrenta para cumplir con su objetivo. En particular, el limitado, diferido y esquivo reconocimiento que el Gobierno le ha otorgado a este mecanismo, que se devela en la asignación insuficiente de recursos económicos para garantizar sus operaciones, ya que, según datos de este informe, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del país prevé la protección de 1.131 personas para finales de 2019 y un gasto estimado anual de 325 millones de pesos mexicanos, una cifra bastante alejada de los 207 millones de pesos mexicanos efectivamente entregados para el cumplimiento de sus funciones.

Precisamente esta falencia parece exacerbar las demás debilidades identificadas por este organismo, tal como la falta de capital humano que atienda o brinde apoyo en los casos, pues en la situación actual, en la que cada funcionario debe atender en promedio a 155 personas, además de hacer evaluaciones y revaluaciones, se visualiza lejano la implementación de medidas preventivas efectivas y adecuados planes de protección, que logren garantizar la seguridad de la totalidad de los periodistas que solicitan ayuda al mecanismo, y mucho más lejano para aquellos que no.

Presupuesto 2020

El pasado 08 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 al Congreso en México. En el documento, se prevé un crecimiento real anual del PIB entre 1.5 y 2.5% y se privilegia el gasto de seguridad (con incremento de 6% con respecto a 2019), de bienestar social y de infraestructura, específicamente en la de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para lograr su reactivación.

Sin embargo, este parece ser un escenario un tanto optimista considerando que, a través de la publicación de su informe Perspectivas de la Economía Mundial, elFondo Monetario Internacional (FMI) transparenta una contracción de 0,5% en la proyección de crecimiento económico anual estimado para México para el 2019, de un 0,9% a un 0,4% y un pronóstico de 1,3% para el 2020, resultado de, explica, la fuerte incertidumbre generada por la poca claridad de las políticas gubernamentales, deterioro de la confianza y la ejecución insuficiente del presupuesto.

Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental de la institución, fue más puntual y en una conferencia de prensa en Washington (tal como reza en el diario mexicano El Financiero), indicó que temas relacionados al Estado de Derecho, el Sistema Judicial y los altos índices de criminalidad impactan directamente en la economía de la nación norteamericana e impiden un crecimiento más elevado.   

En la Sala de Espera

Se espera que, el 15 de noviembre de 2019, la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto 2020 entregado por Hacienda, para su posterior publicación en Diario Oficial, mientras tanto la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB se mantiene expectante ante la posible asignación de los 150 millones de pesos mexicanos –adicionales- que fueron solicitados en el mes de abril, con la finalidad de poder cumplir con las operaciones del Mecanismo de Protección durante el año en curso.

En relación a esto, el medio online Proceso informó que el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB, Aarón Mastache, había ratificado ante Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, la necesidad de recibir recursos adicionales a los asignados inicialmente, considerando que el monto estipulado era sustancialmente menor al de los ejercicios 2017 y 2018 y solo representaba un 64% del gasto previsto para 2019.

Eje Central conversó con Mastache al respecto, quien expuso que “se han disparado las solicitudes” y puntualizó tajantemente que “el fondo no alcanzará para atender a más”, por lo que el déficit informado toma mayor relevancia cuando se reconoce que al mes de agosto se atendían a 976 periodistas y defensores de los derechos humanos y al develarse, a través del informe Diagnóstico ONU-DH,  que se estima que se esa cifra llegue a 1.131, es decir, 155 personas adicionales, en riesgo, que no podrán ser atendidas debidamente.

“Estamos haciendo las gestiones en la Secretaría de Hacienda y en la Cámara de Diputados para que nos auxilien de emergencia y también para que el presupuesto de 2020 sea suficiente para atender las demandas y poder mejorar el mecanismo”.

El internacionalista José María Vargas Palencia también apunta a una distinción más pública y comprometida del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema.

“Desde el gobierno se debe transparentar en primer lugar el reconocimiento de este mecanismo y aceptar que es necesario para ayudar en la labor que realizan los comunicadores sociales, así mismo se debe hacer un seguimiento y transparentar las asignaciones que se realicen a dicho mecanismo derivado de la ley de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas por parte del Gobierno, quizás creando una comisión de seguimiento desde el Congreso”.

Vargas opina que el presupuesto 2020 evidencia un cambio en la posición del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y estima que la seguridad ciudadana será prioridad en este nuevo año fiscal, en consideración que la Guardia Nacional de México ya está en pleno funcionamiento y debería empezar a generar resultados concretos.

“Este nuevo ente gubernamental destinado al área de la seguridad fue creado por decreto el pasado 26 de marzo, como parte de la estrategia del presidente para combatir la delincuencia organizada… por lo que considero que es sumamente importante que se le dé la inyección presupuestaria necesaria, pues el tema de seguridad ciudadana es la tormenta que debe atravesar el Gobierno de López Obrador”.

…2020

Hasta el momento se mantiene ambigua la posición del Gobierno Mexicano con respecto al entorno que afecta a los periodistas en el país azteca, mientras tanto la autocensura parece ir ganando terreno, como parte de la zona segura (en conjunto con el exilio) de los comunicadores. La libertad de expresión y el derecho de información se develan como una utopía en una realidad en la que el narcotráfico y la corrupción política corrompen a unos, asesinan a otros y amedrentan al resto.

El presupuesto 2020 podría ser el inicio del cambio, con la asignación íntegra de los recursos necesarios para el funcionamiento del Mecanismo de Protección, para derivar medidas efectivas y que brinden seguridad a la totalidad de periodistas en riesgo.

Si bien el PIB del venidero período fiscal se mantiene como una interrogante, el Gobierno debe considerar la importancia que tiene el tema en el reforzamiento del sistema democrático del país y su positivo impacto en la confianza de inversionistas y demás actores económicos que están atentos a lo ocurre en la nación. Seguir postergando estas decisiones podría seguir cobrando vidas, vidas esenciales para la democracia.

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